Comentario

Las muertes de Saturnino y Glaucia habían restituido al Senado la apariencia del poder. Pero el funcionamiento de la equilibrada constitución que tanto había admirado Polibio, se había alterado definitivamente. Así se demostró muy poco después, con motivo de la delegación senatorial enviada a la provincia de Asia. Esta delegación, encabezada por el senador Escauro, presentó al Senado un informe sobre la negativa administración romana de la provincia y las nefastas consecuencias que ésta podría ocasionar en el mantenimiento del equilibrio de la zona. Los publicanos, a los que Cayo Graco en el 123 había concedido el cobro de los impuestos de Asia, habían cometido todo tipo de depredaciones con total impunidad y las tensiones que tales saqueos producían en la población eran seguidas muy de cerca por los estados limítrofes, especialmente por Bitinia y el Ponto, cuyos monarcas esperaban el momento de levantarse como libertadores de la opresión romana. Para resolver la situación, el Senado envió un gobernador de rango consular, el jurista Q. Mucio Escévola, acompañado por P. Rutilio Rufo, también experto en temas de jurisprudencia. La actividad organizativa que emprendieron fue muy positiva pero, obviamente, ésta implicaba la oposición a los abusos de los publicanos que durante años habían hecho de Asia un coto exclusivo de explotación. Cuando regresaron a Roma, los caballeros llevaron a Rufo ante los tribunales con falsas acusaciones y, puesto que el tribunal estaba controlado por los caballeros, condenaron a Rufo al destierro. Este hecho provocó una fuerte tensión entre los senadores y los caballeros, enfrentados otra vez por el asunto del control de los jurados y rota ya la armonía que coyunturalmente los había unido frente a Saturnino en el año 100.Por otra parte, tras las fallidas reformas graquianas, que habían puesto de manifiesto las contradicciones políticas a las que conducía la política de la ciudad-estado respecto a los itálicos, las exigencias de éstos en entrar a formar parte de la ciudadanía romana eran cada vez más apremiantes, fundamentalmente para participar de los intereses económicos que la política expansionista de Roma generaba. Era un sentimiento creciente de los itálicos el de pasar a ser copartícipes de los beneficios del imperialismo. Durante el censo del 97 a.C. se había aceptado la inserción en la ciudadanía de algunos oligarcas itálicos. Pero las disensiones internas del Senado hicieron que dos años después la facción más obtusa del Senado promulgase la ley Licinia-Mucia que excluía del cuerpo cívico a los itálicos que habían sido introducidos abusivamente, iniciando al respecto una investigación sumamente severa. Esta fue, sin duda, una más de las razones que condujeron a la guerra social.